Amafredo Castellanos

Ciudad de Guatemala, 10 oct (AGN).– El Gobierno de Guatemala sigue en busca de alternativas consensuadas en apoyo a 111 familias desalojadas de Laguna Larga, en la Laguna del Tigre, dentro de la Biósfera Maya, Petén, y con tal fin proseguirá el diálogo con sus representantes, este miércoles, informó una fuente oficial.

“El gobierno del presidente Jimmy Morales busca una solución al problema, si bien no es el único, aunque sí el más paradigmático”, dijo a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), Sergio Flores, titular de la Comisión Nacional de Diálogo (CND).

Explicó que el diálogo se inició la semana pasada para “buscar alternativas”. Advirtió que el problema más sensible para estas familias es la tierra y dijo que hacia ese objetivo se orientan los esfuerzos del Gobierno.

Tras su desalojo, dictado por un juez por tratarse de un área protegida, las familias se desplazaron a una zona limítrofe con México, en la aldea El Desengaño, municipio de Candelaria, estado de Campeche.

Adicionalmente, el Gobierno está procurando ofrecer soluciones a sus necesidades humanas tales como educación, salud y alimentación, en parte en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictó “medidas cautelares” a su favor, explicó el comisionado.

No obstante, aclaró que las posibilidades de atención a sus necesidades están limitadas por la oposición de algunos miembros del colectivo a que se provea información personal de cada integrante de la comunidad a las instituciones.

“Atender las necesidades y resolver el problema, amerita hacer censos, algo que hasta ahora no han querido y eso es fundamental para poderlos atender”, comentó Flores.

Agregó que tampoco aceptar firmar listados cuando se les entrega víveres o medicina, “porque tienen miedo, son obligados a ocultar sus datos”.

Explicó que esto ocurre porque entre el colectivo hay personas que buscan mantener su anonimato, posiblemente porque tienen problemas con la ley o porque ya obtuvieron beneficios de atención del Estado de Guatemala en otro momento en situaciones similares.

“Es una situación preocupante porque ha retrasado mucho darles apoyo más acelerado”, dijo, citando el caso del apoyo alimentario que les entregó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y que cesó porque “las personas no quisieron firmar” y, como consecuencia, los responsables de los programas de este ministerio temen enfrentar reparos de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Diálogo adelantado

Flores indicó que la acción de diálogo que la CND promueve pretende adelantarse a un fallo que deberá dictar la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a un amparo promovido por la comunidad.

“A través del diálogo esperamos definir una ruta que nos indique qué hacemos si la CC emite un dictamen negativo a sus pretensiones. Si es así, hay que buscar una salida”, explicó.

Flores hizo ver que las familias pretenden, mediante la acción de amparo ante la CC, regresar a su comunidad en Laguna Larga. Consideró que esto es poco probable que ocurra porque “la ley del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es de orden constitucional”.

Situación de la Biósfera Maya

Flores indicó que la Reserva de la Biósfera Maya tiene problemas, por decenas de comunidades asentadas en áreas protegidas.

Explicó que los datos difieren, pero se sabe que son unas 53 comunidades las que permanecen asentadas en áreas protegidas.

De esas, 38 se encuentran en “condiciones muy delicadas, porque pronto pueden recibir orden de desalojo”.

La situación más apremiante, después de un primer desalojo que correspondió a Laguna Larga, corresponde a siete de ellas, con “procesos avanzados”, advirtió el comisionado.

Reiteró que “el tema crucial es el acceso a la tierra” y explicó que el origen de la problemática presenta “una serie de dinámicas que hacen que esta gente esté en estas condiciones, porque se han ido alojando, porque no hay mucha vigilancia” en las áreas protegidas.

“En el caso de Laguna Larga, es un caso paradigmático, porque la orden de desalojo fue dictada desde 2007; por lo tanto, la responsabilidad no le corresponde a este gobierno, pero, obviamente, es un reto que hay que enfrentar”, comentó.

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