Redacción AGN

Ciudad de Guatemala, 3 oct (AGN).- El fuerte impacto que han ocasionado las copiosas lluvias en Guatemala durante 2017 con muertes y destrucción de la infraestructura ha motivado a las autoridades a buscar por consenso interinstitucional, que se decrete un estado de calamidad para hacer frente a la emergencia similar a la que provocó la tormenta Agatha en 2010.

La saturación de los suelos es tal que el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Eddy Sánchez, advirtió que se temen más derrumbes porque la tierra ya no tiene capacidad de absorción.

Incluso en lugares donde antes había escasez de lluvia, como el departamento oriental de Zacapa, ahora el invierno supera el 250 por ciento, ejemplificó el experto.

Sánchez explicó que las copiosas lluvias han sido como una especie de “huracán pausado” que no solo han causado inundaciones en la costa sur, sino derrumbes en un sinfín de carreteras que ponen en riesgo a la población.

Agatha se originó el 24 de mayo, fue el primer ciclón en el Pacífico y su excesiva lluvia no solo provocó lahares en los volcanes sino varios deslizamientos que bloquearon las carreteras de la costa sur del país, impidiendo el libre tránsito.

Las comunidades de esa zona parecían una especie de laguna, similares a las que se observan este año en Escuintla.

Según Sánchez, las condiciones climáticas tienden a empeorar en los próximos días y alertó que el próximo jueves sería el más “crítico” en Guatemala.

El director del Insivumeh calificó de “preocupante” la situación en Guatemala, que es considerado uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático en el hemisferio.

No obstante los efectos del invierno del 2017, las medidas de prevención adoptadas por las autoridades han logrado que el número de fallecidos por derrumbes e inundaciones este año solo sea de 26, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Pero la destrucción de la infraestructura vial que impide el libre tránsito para el comercio es lo que más preocupa al gobierno del presidente Jimmy Morales, que se ve incapacitado de ejecutar los recursos públicos para hacer frente a la emergencia debido a las leyes que obligan a realizar licitaciones para recuperar las carreteras, lo que retrasaría la reconstrucción.

Hasta ahora, según el monitoreo de la Conred, 3 carreteras han sido destruidas y otras 115 afectadas. También 15 puentes han sido destruidos y otros 24 dañados por las lluvias. Además, 609 escuelas han sido dañadas.

Mientras que 4.152 viviendas han sufrido daños entre leves, moderados y severos y 310 más están en riesgo.

El presidente Morales anunció hoy en rueda de prensa tras una reunión en la Conred, donde recibió un informe de la situación del país, que desde el pasado fin de semana se está evaluando la posibilidad de decretar el estado de calamidad para poder atender la emergencia y proteger la vida de los guatemaltecos, que es la principal prioridad.

Según la Conred, el impacto de esta temporada es similar al que provocó la tormenta tropical Agatha en 2010, ya que las lluvias han sido continuas e intensas y han afectado a 320.507 personas que residen en distintos lugares del país centroamericano.

El mandatario dijo que el presente invierno es el más fuerte de los últimos 25 años y las lluvias mantienen en alta vulnerabilidad a 13 de los 22 departamentos que tiene Guatemala, en especial los ubicados en la costa sur, el altiplano occidental y El Progreso y Zacapa, en el oriente.

Inicialmente se ha instalado un espacio interinstitucional para atender a los afectados y preservar la vida de los guatemaltecos, y a través de esta instancia se buscarán las alternativas basadas en ley para poder adquirir bienes y servicios que permitan recuperar la infraestructura dañada y por eso se ha invitado a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas para que todo se haga con transparencia, indicó Morales.

Insistió en que una de las demandas de la población es la recuperación de las carreteras, y recordó que en julio pasado se intentó decretar el estado de calamidad para evitar esta emergencia, pero el Congreso desaprobó la iniciativa.

“Ahora es el momento que consensuemos la recuperación de la red vial” sin violentar la ley, lo que incluye la fiscalización y la auditoría social,expresó.

 

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