Marlyn Valdez/Foto: Óscar Dávila

Ciudad de Guatemala, 22 ago (AGN).– “No vamos a dar un paso atrás. El compromiso con los guatemaltecos sigue firme y seguiremos avanzando”.

La cita es reiterativa y corresponde al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y a su ministro de Gobernación, Francisco Rivas, ante reacciones violentas de organizaciones criminales afectadas por la acción gubernamental en materia de seguridad.

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El avance es evidente y los esfuerzos están ahora en ruta de superar los objetivos ofrecidos.

“De mantenerse esta tendencia, esperaríamos, incluso, rebasar lo propuesto por el señor Presidente en su Política General de Gobierno 2016-2020: una tasa de 23 (homicidios por cada 100.000 habitantes), explica Silvia de León, secretaria técnica del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desde el año 2000, Guatemala tuvo el registro más alto de esta variable en 2009, con 46,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2016, la actual administración logró reducir el indicador a 27,3, después de haberlo recibido en 29,5 (2015).

De acuerdo con el CNS, la alentadora previsión se basa en que: de enero a julio de 2017, la tasa cayó otro 0,56 homicidios respecto al mismo período del año anterior, producto de un descenso del total de homicidios equivalente en un 1,23 por ciento en ese lapso (enero a julio).

Al respecto, la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027, advierte que es previsible que el actual año cierre con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes por debajo de 26,1 y señala como relevante que este dato sea “comparable al año 2000”, de 25,9, según la UNODC.

Lo relevante consiste en que entonces “se tenía una población de poco más de 11 millones de habitantes, en comparación a los 17 que se calculan en la actualidad”, dice el documento.

Estos indicadores también representan vidas humanas que, gracias a los esfuerzos interinstitucionales, se rescatan de la muerte que siembran los grupos criminales, hace ver De León.

Entre enero y julio de 2017 (2.656 homicidios), el número de vidas que pudo salvarse de hechos de violencia fue de 33 en relación con el mismo período de 2016 (2.689 homicidios) y de 175 con respecto a 2015 (2.831 homicidios).

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“Nos enfocamos en la persona como objeto y sujeto de atención, por lo que estamos muy positivos por cada vía que se salva cada día. Es una vida que cuenta. Los datos reflejan que el cada vez mayor el número de familias que están tranquilas y seguras en sus hogares”, dice De León.

La funcionaria da cuenta que los resultados positivos son producto, principalmente, de la “acción coordinada que cumplen las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad y Justicia” y señala que sus esfuerzos están principalmente enfocados en la ejecución de una estrategia de prevención de la violencia y el delito, así como en la desarticulación de estructuras de crimen organizado y delincuencia común.

Recordó que el mes pasado el CNS aprobó dos instrumentos “muy importantes” en materia de seguridad: la Agenda Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito y la Política Nacional de Seguridad de la Nación, que “definen el accionar coordinado” de las instancias involucradas para el aprovechamiento “integral” de los recursos de cada una de ellas hacia un mismo objetivo.

Prevención, en primer orden

De León comentó que el tema de prevención es fundamental en la estrategia que se cumple actualmente para lograr reducir el impacto de la violencia. Detalló que a partir de 2016 se implementaron, hasta la fecha, 286 “comisiones de prevención” en todo el territorio nacional, lo cual fortalece el trabajo de apoyo a la seguridad.

Esto, indica la funcionaria, también va alineado a un concepto más amplio de seguridad, pues ésta también tiene que ver con otros ámbitos dentro de una sociedad y cuyo fin apunta hacia el desarrollo de ésta.

Recordó que la Política Nacional de Seguridad fue presentada el 14 de julio y que en ella se formula un modelo de seguridad orientado a atender de forma integral la seguridad y el desarrollo a través de la gobernanza institucional y local.

“Se están haciendo esfuerzos para apoyar a los gobiernos locales en la construcción de los instrumentos de seguridad”, explicó, citando el caso del trabajo a cargo del Viceministerio de Prevención de la cartera de Seguridad en la implementación de las estrategias comunitarias y departamentales de prevención.

Otros avances

De León explicó que el informe estadístico sobre hechos delictivos a nivel República a julio de 2017 también ofrece resultados positivos en los dos rubros de atención: delitos contra la vida y delitos contra el patrimonio.

En cuanto al primero, además de la reducción de los casos de homicidios y su impacto en la tasa por cada 100.000 habitantes, De León destacó que en el mismo período (enero-julio), hubo una reducción de 3,29 en la tasa de heridos en hechos violentos con relación a julio de 2016, producto de una baja de 13,17 por ciento del total de heridos en ese lapso de siete meses.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, los indicadores del período de enero a julio 2017 registran los resultados positivos siguientes:

  • Robo a residencias: descenso de 24,25 por ciento
  • Robo a comercios: descenso de 4,26 por ciento
  • Robo de vehículos: descenso de 21,75 por ciento
  • Robo de motocicletas: descenso de 10,05 por ciento

 

 

 

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