Amafredo Castellanos

Ciudad de Guatemala, 28 jul (AGN).– El Estado de Guatemala presenta, en la actual administración de Gobierno, un cambio de postura en el tema de Derechos Humanos y particularmente en cuanto a la apertura y reconocimiento a los organismos internacionales a cargo de la vigilancia de estos, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo expuso el titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy, a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Este cambio comenzó desde 2016, cuando el presidente Jimmy Morales, tras asumir el cargo, invitó a la CIDH a venir a Guatemala a presentar un informe especial que decidió emitir luego de que en 2015 se le negó hacerlo.

Esta es la conversación con el Comisionado:

¿Cuáles son los avances en materia de Derechos Humanos en esta administración?

Tienen que ver con el cambio de postura del Estado respecto al período anterior. En 2015 nos habían declarado como un Estado en desacato respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí ya hay un cambio de postura del Estado, de aceptar las sentencias. Es uno de los cambios más importantes.

¿Algunas sentencias por ejemplo?

En un momento determinado, el Estado consideró que la Corte no debería haberse pronunciado en casos que fueron anteriores al reconocimiento de competencia de la Corte.

Cuando la Corte dictó estas sentencias, siempre separó lo que era anterior al reconocimiento y lo que era posterior a ese reconocimiento. Las sentencias todas están basadas en hechos posteriores.

La Convención de Derechos Humanos establece garantizar el derecho a la vida, a la integridad y  demás, pero también el derecho a las investigaciones cuando hay violaciones, el derecho a un juzgamiento contra los perpetradores y el derecho a sentencia.

La Corte en sus sentencias se pronunció porque no hubo investigación, no hubo juzgamiento ni sentencias por estos hechos que fueron anteriores.

Entonces, la sentencias no tienen que ver con eso, sino con el hecho de que jamás el Estado cumplió con estas obligaciones que tenía. Entonces, ese es el cambio.

En razón de ello, la Corte vino y realizó en marzo su 157 período de sesiones. Eso es muestra de que ya había un cambio por parte del Estado. Eso es uno de los cambios fundamentales.

Lo otro tiene que ver con un nuevo enfoque: se está principiando a impulsar el tema de Derechos Humanos, que es tratar de impulsar los principios rectores de Naciones Unidas, de empresa y Derechos Humanos.

Esto implica un reconocimiento de que hay tres pilares fundamentales en el tema de cumplimiento de Derechos Humanos. Uno es el papel de protección que tiene obligación el Estado, el otro es cómo reparar o resarcir a las víctimas de violaciones de esos derechos y el pilar fundamental es que las empresas, como entes que tienen un espacio y una actividad fundamental en el Estado, tienen el deber de respetar los derechos humanos por parte de las empresas. Entonces, ese es el enfoque que se está tomando, entendiendo que tiene que ser un acuerdo de consenso entre sociedad civil, empresariado y Estado para ver cómo se cumplen estos principios rectores de empresa y Derechos Humanos, con un mejor mecanismo de que esto se cumpla.

Hay que recordar que actualmente, no solo es el tema de salarios, sino también de agentes de empresas de seguridad que han cometido actos o violaciones contra defensores, gente que defiende el territorio o los recursos naturales. Entonces, es fundamental el tema entre empresa y Derechos Humanos.

Este cambio de postura, ¿se puede considerar como un avance hacia un criterio más democrático del Estado de Guatemala respecto a los derechos humanos?

Sí, respecto al criterio anterior. Es el tema de ese “no reconocimiento de las sentencias”: no se quiso que viniera la CIDH en el año 2015 a hacer una visita. Ahora viene la Comisión del 30 julio al 4 agosto. Ya estuvo la Corte, y ahora visita la Comisión, para entrevistarse con todos los actores sociales e institucionales.

¿Es otro signo de apertura?

La Corte cuando sesiona no conoce casos del país donde está. Claro que la Corte vino e hizo supervisión de sentencia. Vino y fue a Plan de Sánchez, a Río Negro, lugares donde hubo masacres, a ver cómo se estaba cumpliendo su sentencia.

Eso significó un cambio fundamental de Guatemala respecto al gobierno anterior.

También esta visita de la CIDH…

Es lo mismo, no se le permitió venir en 2015 y ahora está viniendo. Es más, la Comisión sacó un informe especial sobre Guatemala, por graves violaciones a derechos humanos  porque no le permitieron venir y porque había desacato de sentencias.

Entonces saca un informe especial sobre Guatemala.

Ese informe, el presidente Morales viene y dice: “Por favor, ese informe quiero que me lo entreguen personalmente, eso fue el 14 de marzo del año pasado (2016). Vino la Comisión a entregarlo y el Gobierno se comprometió a superar lo que está mencionado en el informe.

Y ahora la Comisión para evaluar, no solo el informe sino la situación en general.

Esos son los cambios fundamentales.

¿Cuál es su percepción en este marco?

Yo digo que hemos avanzado, hay de nuevo confianza en la sociedad civil. Estamos trabajando desde el 13 de septiembre del año pasado en la construcción de una política de protección a defensores de derechos humanos, y eso lo hacemos con sociedad civil, con apoyo de la comunidad internacional. Se instaló un grupo promotor para impulsar esa política, y esperamos este año terminar el documento base, más esta, de empresa y derechos humanos, que esperamos iniciar este año: el plan nacional de empresa y derechos humanos.

 

 

 

 

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