Brenda Larios/Leonel Jiménez

Ciudad de Guatemala, 17 jul (AGN).– El Gobierno de Guatemala creará una unidad específica con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para dar con el paradero y capturar a un centenar de personas implicadas en actos de corrupción, anunció hoy el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

“Será una unidad para capturar a las personas vinculadas con casos de corrupción luego de una solicitud pública del comisionado contra la corrupción y la impunidad (Iván Velásquez, de nacionalidad colombiana) al Ministerio de Gobernación”, dijo.

El funcionario informó que ya iniciaron un trabajo de coordinación interinstitucional junto al Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para conocer los perfiles sociocriminológicos de las personas acusadas de corrupción.

“Recibimos con seriedad la solicitud del comisionado, estamos en un análisis para integrar una unidad especial que trabaje las órdenes de aprehensión para ejecutarlas”, agregó el ministro, quien consideró que, según información de estas instituciones, unos 40 de al menos 100 prófugos de la justicia, se encuentran en territorio guatemalteco.

Rivas indicó que las fuerzas policiales cuentan ya con una unidad encargada de la investigación y captura por diferentes delitos, y destacó que a la nueva unidad especial llegarían los mejores elementos para que los resultados sean positivos.

El ministro agregó que en las investigaciones se ha detectado que al menos 30 personas están fuera de Guatemala, entre ellas el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien supuestamente estaría en Italia, aunque aclaró que falta confirmarlo.

Entre los más de 100 prófugos de la justicia guatemalteca también se encuentran el exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría y el exministro de Energía y Minas Érick Archila.

Desde 2015 el MP y la CICIG han desarticulado varias estructuras criminales señaladas de corrupción, entre ellas la conocida como “La Línea”, que supuestamente lideraban el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Los integrantes de esta red están a la espera de que se celebre la etapa intermedia del proceso abierto en abril del 2015 para saber si irán o no a un juicio oral y público.

Esa etapa, anunció este lunes el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, está prevista para que comience el próximo 24 de julio.

 

Compartir