Elmer Telón Galdámez

Ciudad de Guatemala, 28 de jun (AGN).- El fallo judicial que ordena el cierre temporal de los depósitos aduaneros de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el Pacífico guatemalteco, será apelado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El titular la SAT, Julio Solórzano, informó hoy que recibió la notificación de la Sala 2 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual ampara un recurso promovido por tres empresas respecto a la validación de los depósitos aduaneros temporales, ambos en Puerto Quetzal.

El funcionario explicó que la institución a su cargo otorgó en 2015 y 2016 a las dos empresas que operan en ese puerto, el permiso para operar como depósito temporal, y que la resolución “deja sin efecto las dos decisiones, lo que significa que ambas operaciones serían ilegales”.

Solórzano se manifestó preocupado por la resolución que ordena a la SAT construir un espacio dentro de la terminal portuaria en el cual puedan acogerse las actividades que se había permitido realizar a EPQ y TCQ.

En su opinión, lo decidido por el tribunal no se encuentra dentro del marco legal, debido a que la institución a su cargo no puede construir inmuebles dentro del puerto.

“Se han excedido en sus funciones por muchos temas, entre ellos ordenar a la SAT realizar medidas fuera de su mandato legal”, dijo.

Resaltó, además, que como institución “no están obligados a acatar órdenes ilegales”.

Informó que mañana estarán presentando los recursos adecuados y pertinentes en contra de la sentencia.

Empresas implicadas   

El recurso fue promovido por tres empresas que mantienen contrato vigente con EPQ: Fenix Cargo S.A, Aplicaciones Técnicas y Almacenes y Silos, las cuales se manifestaron en contra de que las empresas mantuvieran bajo su administración los depósitos aduaneros temporales.

Hasta el momento la SAT no ha notificado a ninguna de las dos empresas afectadas con la decisión del tribunal.

Según el superintendente la SAT, no puede solicitar a las dos empresas que operan en el puerto el cese de sus operaciones y aclaró que el fallo no establece un plazo para concretar la medida.

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