Redacción AGN

Ciudad de Guatemala, 18 abr (AGN).- El Gobierno de Guatemala decretó hoy un estado de calamidad pública en todo el territorio debido a los incendios forestales que ponen en riesgo los recursos naturales.

La medida, que durará 15 días, fue adoptada por el mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, en Consejo de Ministros este martes, explicó el vocero presidencial, Heinz Hiemann.

Agregó que con el estado de calamidad pública se busca mitigar los incendios forestales que ponen en riesgo los recursos naturales, sobre todo en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice, y considerado uno de los últimos pulmones de América.

El anuncio se hizo en rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura con la participación, entre otros, del secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, y los ministros de Defensa y Gobernación, Williams Mansilla y Francisco Rivas, respectivamente.

Hiemann resaltó que todas las adquisiciones que se realicen para atender esta emergencia “se hará con total transparencia” y que la unidad debe prevalecer tras esta medida.

Anunció que el presidente Morales tiene previsto convocar a una reunión regional para tratar las amenazas de los incendios y la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en los países centroamericanos.

El secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sergio Cabañas, señaló a las poblaciones invasoras que habitan dentro de las áreas protegidas en Petén, de provocar los múltiples incendios forestales que hasta ayer habían consumido 1.400 hectáreas de bosques.

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Según Elder Figueroa, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), a la fecha se contabilizan 502 incendios forestales, con una magnitud de 5.800 hectáreas afectadas.

Con el apoyo de un helicóptero de México se combaten los incendios en el municipio de Morazán, en el departamento oriental de El Progreso, y luego la aeronave será trasladada hacia Petén.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a excepción de los departamentos de Izabal (caribe) y Retalhuleu (sur), los otros 20 departamentos han sido afectados por los incendios.

El secretario ejecutivo de la Conred, Sergio Cabañas, explicó que con los recursos que sean asignados serán comprados, entre otros, cascos, botas especiales, combustible, alimentos, agua y filtros para los bomberos forestales.

“Es duro estar metido en los incendios”, manifestó el funcionario, y agregó que en la actualidad hay 18 siniestros activos al 100 por ciento y cinco que están bajo control.

Cabañas explicó que el estado de calamidad pública se decretó en todo el país porque no se sabe donde va a ocurrir un incendio.

Foto. Samuel Flores

SAM_3106 copyMedidas contempladas en el Decreto 1-17

Martínez explicó que el estado de calamidad públicas se decreta considerando que durante la temporada seca se producen incendios forestales en diferentes lugares del territorio.

Resaltó que la medida tiene por objeto prevenir y mitigar para evitar mayores consecuencias y permitir que en los lugares que las circunstancias lo ameriten, se tomen las acciones necesarias para evitar o reducir los efectos productos por los siniestros, y principalmente para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de la población afectada o en situación de riesgo, y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de la nación.

El estado de calamidad pública se decreta por un plazo de 30 días a partir de su publicación, mañana, en el Diario de Centroamérica (oficial).

Según el Decreto, se deben coordinar y tomar todas las acciones que se consideren necesarias para atender los daños derivados de los efectos de los incendios forestales que afecten el territorio, así como prevenir el riesgo.

Estas acciones serán coordinadas por la Conred y el Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales (Sipecif).

SE exigirá a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideren indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas.

Además, ordenar la evacuación de los pobladores de las viviendas que se ubiquen dentro de las áreas declaradas como de “alto riesgo” o que se encuentren en peligro.

También, ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la Conred y el Sipecif se adopten todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad, el patrimonio natural y cultural, así como los bienes de la población, y asegurar la prestación de los servicios públicos básicos y esenciales.

 

 

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