Elmer Telón Galdámez / Foto: Diario de Centro América

Ciudad de Guatemala, 23 mar (AGN) – El flagelo social de las pandillas y la criminalidad fue dejado al margen a través de los años y ahora se hace sentir con fuertes expresiones de violencia, por lo que el Estado debe reaccionar con un abordaje integral, desde una óptica social y no solo de seguridad, advirtió hoy un experto.

“El tema de maras o pandillas no se ha tratado desde la óptica de una política social en las últimas administraciones de gobierno”, lamentó Mario Mérida, ex ministro de Gobernación y catedrático de criminalística en una entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Advirtió que el nivel de violencia que puede surgir desde las pandillas o maras, y, especialmente, utilizando a menores de edad, es “un debate que no puede ser prorrogado”.

“Las pandillas o maras es un tema que se ha mantenido al margen, tanto así, que actualmente no se tiene un dato confiable sobre cuántos pandilleros hay en el país”, dijo.

Hizo ver que hay quienes se atreven a sugerir cifras de hasta 40.000, mientras los cálculos de la Policía Nacional Civil (PNC) sugieren que el número no supera los cuatro mil.

Una nueva dimensión

La evasión del tema por parte de gobiernos y de la propia sociedad, ha relegado el debate y la búsqueda de fórmulas para enfrentarlo y buscar soluciones. Eso, en cambio, se traduce hoy en hechos violentos de alto impacto, de acuerdo con el especialista.

Estima que a las maras o pandillas las hemos visto como sociedad, y como Estado, “solo como una molestia que no trascendía; no obstante, las últimas acciones oficiales desde el Ejecutivo, que llegó a convocar al Consejo de Seguridad, da la idea de una nueva dimensión”.

En cuanto a los acontecimientos recientes, cree que “evidencia un pulso de demostración de fuerza entre las maras y la PNC”.Mario Mérida 2

Incluye los trágicos sucesos ocurridos en el hogar Virgen de la Asunción, que dejó 40 menores fallecidas y al que unos días después se sumó la toma del correccional para menores Etapa II que terminó con la muerte de cuatro monitores.

También los ataques dirigidos a objetivos de la PNC, con resultado de tres agentes muertos.

Para el experto, el debate interno sobre el fenómeno debe determinar si las maras o pandillas van a ser reconocidas como una expresión del crimen organizado o la tipificación de menores en riesgo o conflicto con la ley.

“Todo esto es el resultado de la ausencia de una política que no debe depender solo del Ministerio de Gobernación, sino que debe incluir carteras como Educación, Cultura y Deportes o la Secretaría de la Juventud”, señaló.

“Aquí –subraya- se debe pasar lista a una serie de elementos que van más allá de los sistemas penitenciarios o centros que atienden a menores en conflicto”.

Consideró que el problema adquiere una dimensión que va más allá de las capacidades o el papel que compete a instituciones como Gobernación o la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

Es en este punto, el ex ministro cree que el tema de rehabilitación de quienes trasgreden la ley debe de ser objeto “impostergable” de debate.

Tarea de Estado

De acuerdo con Mérida, no se debe dejar de lado que el Ejecutivo por sí solo no tiene la capacidad para solucionar el problema de la niñez y adolescencia. En su opinión, la solución debe ser una política de Estado donde los otros organismos puedan apoyar.

Agrega que los últimos hechos ocurridos deben mover a una reacción conjunta porque evidencian el crecimiento de la crisis en el tema, al extremo de que demandó convocar al Consejo Nacional de Seguridad.

“La presencia de ministros y secretarios de Gobierno abordando el tema emite el mensaje que esos grupos ya son una amenaza para el Estado, y, de entenderse así, debe atenderse desde una política criminal”, subrayó.

Dijo que las propuestas y medidas pasan por modificaciones legales que deberán venir desde el Congreso de la República, y otras acciones que debe acompañar el Poder Ejecutivo.

“De cualquier forma, -concluye- seguirá siendo competencia del Ministerio de Gobernación generar políticas de seguridad pública, pero estas deben ser apoyadas por planes de seguridad ciudadana, como colaboración de la ciudadanía en temas puntuales. Sin estos elementos, difícilmente encontraremos solución al problema”.

 

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