Donis Figueroa

Ciudad de Guatemala, 1 mar (AGN).- La ministra de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Lucrecia Hernández Mack, instó a los representantes del sindicato mayoritario de esa cartera a discutir y renegociar en una mesa de diálogo un nuevo pacto colectivo.

“Nosotros tenemos reuniones de junta mixta ordinaria semanalmente, nos mantenemos abiertos, esperamos que las reuniones continúen y la idea es que ya podamos pasar a tener otro tipo de discusiones y otro tipo de acuerdos basados en la legalidad”, dijo la funcionaria durante una entrevista a la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La ministra de Salud recordó que durante una audiencia pública celebrada en los primeros días de febrero, se solicitó la nulidad absoluta de varios artículos y algunas cláusulas del pacto colectivo, aprobado en el año 2013.

“Se concluyó que estas cláusulas deben ser consideradas nulas debido a que no se cumplió con dictámenes financieros, no se encuentran apegadas a la ley o generan muchas desigualdades entre los mismos trabajadores”, refirió Hernández Mack.

Aclaró que, aun cuando se declarará la nulidad o la validez de estas cláusulas por parte del Juzgado de Trabajo, los beneficios ya otorgados a los trabajadores de Salud no se pierden, por lo que pidió a los representantes del sindicato a informar y no a desinformar.

“Lo que buscamos es la dignificación del personal del ministerio, lo que pido es que reconduzcamos los procesos de negociación y que lleguemos a acuerdos y eventualmente a un pacto colectivo nuevo en el que sí nos encontremos apegados a ley, donde tengamos las posibilidades financieras para que los compromisos puedan cumplirse y sean sostenibles”, manifestó.

Agregó que, aunque se anulen las cláusulas del pacto colectivo, los trabajadores recibirán su salario completo y no reintegrarán los beneficios ya recibidos establecidos en el pacto.

“Nosotros apelamos y consideramos que tiene que haber una madurez de estos representantes sindicales, de cualquier manera el Ministerio de Salud y esta administración están comprometidos con la dignificación de los trabajadores y podemos tomar medidas de dignificación incluso de manera unilateral”, concluyó.

Base jurídica

Por su parte, Rubén Fuentes, asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), detalló que los artículos de los cuales se está solicitando anulación son los 43, 45 y 51.

Señaló que en estos se encontraron varias irregularidades que tienen que ver con incentivos económicos por trabajo decente, donde se establece que el presupuesto que no es ejecutado se distribuya entre los trabajadores sindicalizados.

Además, en el reglamento de viáticos, donde se otorga al ministro que firmó el contrato viáticos diarios por 1.200 quetzales, monto por encima de los demás ministros y 1.000 quetzales diarios de viáticos para los dirigentes sindicales.

Asimismo, un pago por honorarios profesionales al abogado que asesoró al sindicato, el cual correspondía a 20 millones de quetzales.

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