Mildred Morales/Foto: Leonel Jiménez (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 21 feb (AGN).- Las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, en el departamento norteño de Alta Verapaz, están complacidas por el cumplimiento de la política de reparación durante el actual gobierno y que en 2016 se concretó con un 100 por ciento en su ejecución.

Así lo aseguró hoy el titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), Víctor Hugo Godoy, tras una actividad pública en la que se presentaron los avances de la reparación individual de las familias damnificadas por el proyecto en 1978.

La construcción de la hidroeléctrica más grande de Centroamérica provocó el desplazamiento de 2.329 familias, además se inundaron 3.865 manzanas de tierra y 23 aldeas, 471 casas, 10 edificios y 45 sitios arqueológicos desaparecieron.

“Llevamos unos 140 millones de quetzales en pago de resarcimiento económico a las familias, de 200 que consta el resarcimiento individual. Se pagaron unos 33 en 2015 y 107 el año pasado, ya solo quedan 60, que es el principal avance”, detalló Godoy.

En noviembre del 2014, las autoridades de turno presentaron el Acuerdo Gubernativo 378-2014, que dio vida a la política de reparación, y donde queda establecido que el Gobierno cancelaría 1.200 millones de quetzales en reparación colectiva (1.000 millones de quetzales) e individual (200 millones de quetzales), durante los próximos 15 años.

Según el acuerdo, en 2015 se debían pagar 107 millones de quetzales a 33 comunidades, pero por la situación política (protestas contra la corrupción que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina) el desembolso se atrasó ese año.

Sin embargo, se retomaron los compromisos en el 2016, cuando en la administración del presidente Jimmy Morales se instruyó el pago de 107 millones de quetzales en siete entregas para 1.246 familias.

“El interés del Gobierno nace después del año 2014 cuando se firmó la política, pero se empieza a implementar en el 2015, pero ese año hubo dos gobiernos aunque la política se siguió implementando. En 2016 se estabilizó y se pudo ejecutar el cien por ciento”, detalló.

La legislación establece la reparación en seis municipios de los departamentos de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, por medio de la construcción de viviendas, adquisición de tierras, mejoramiento de condiciones de vida, y proyectos de infraestructura, entre otras medidas.

Gobierno apunta al desarrollo de la zona

“Más que proyectos de resarcimiento son de desarrollo para la cuenca de Chixoy, allí en 15 años el Estado va a invertir en el tema de resarcimiento unos 1.200 millones de quetzales y en tema de desarrollo con intervenciones gubernamentales unos 500 millones de quetzales”, comentó Godoy.

Agregó que actualmente se están licitando estudios para la edificación de caminos vecinales y del puente sobre el río Chixoy y que las intervenciones gubernamentales comenzarán en julio próximo.

Al finalizar el resarcimiento individual, se inicia el proceso para la reparación colectiva, en la que están involucradas 30 instituciones, de las que al menos 15 tienen previsiones presupuestarias para este año y la otra mitad para 2018.

 

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