San Salvador, 16 ene (ACAN-EFE).- A 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador adeuda hasta el día de hoy la reparación de las víctimas que dejó la guerra (1980-1992), mientras los niveles violencia, de los mayores del mundo, sumergen a millones de personas en la pobreza y la desigualdad.


Los Acuerdos de Paz firmados tal día como hoy pusieron fin a 12 años de conflicto armado en los que murieron unas 75.000 personas, desaparecieron otras 8.000 y resultaron lisiadas al menos 40.000, entre ambos bandos.

La ONU, a través de su enviado especial Miroslav Jenka, recordó a El Salvador, durante un acto oficial en la capital, que la ola de violencia y las desigualdades económicas que afectan al país centroamericano impiden “disfrutar plenamente” de la paz alcanzada en 1992.

A esto se suma el no reconocimiento a los familiares y víctimas del conflicto bélico, quienes también aprovecharon el evento de conmemoración para señalar las “deudas pendientes” tras la firma de la Paz, las cuales plasmaron en un documento entregado al presidente salvadoreño, el exguerrillero Salvador Sánchez Cerén.

Durante su discurso, el mandatario hizo un llamamiento, a instituciones y a la oposición, para establecer un diálogo que permita la creación de una Ley de Reconciliación y Reparación Integral de las víctimas.

El presidente reconoció que “en el pasado muchos civiles fueron víctimas del Estado y hoy en día esos hombres y mujeres que sufrieron la guerra deben de ser reconocidos”.

Sánchez Cerén hizo un llamamiento a la reconciliación y a la unificación de esfuerzos para un El Salvador “soñado”, con “mejores niveles de bienestar, sin exclusiones ni injusticias sociales y económicas”.

“Es urgente ponernos de acuerdo para construir el país soñado, donde podamos vivir en plenitud y tranquilidad, por ello reitero mi compromiso para unificar esfuerzos para un mejor El Salvador”, indicó el jefe de Estado.

Pidió, “en este 25 aniversario, garantizar la vigencia y actualidad de todo lo cumplido y asumir el desafío por alcanzar nuevos acuerdos de nación que nos permitan avanzar en democracia, bienestar social, justicia y desarrollo económico”.

El presidente salvadoreño aseveró que es “necesario” poner al centro los intereses del país y “construir” nuevos acuerdos que “permitan crear condiciones y tomar la medidas para erradicar la extrema pobreza en El Salvador y crear una cultura de paz”.

“La paz es el mejor legado que podemos entregarles a las nuevas generaciones; esta fecha tan significativa reviste la importancia de dar a conocer a nuestra niñez de dónde venimos y lo mucho que costó alcanzar la paz”, agregó.

Entre 1980 y 1992, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos.

Durante la guerra, se cometieron crímenes contra civiles, atribuidos principalmente al Ejército, entre los que destacan el asesinato del ahora beato católico monseñor Óscar Arnulfo Romero, 6 padres jesuitas y la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote.

En la actualidad, El Salvador vive una “guerra” no declarada entre las autoridades y las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, quienes son acusadas de mantener los altos índices de homicidios y otros crímenes que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.

Para distintos sectores de la sociedad el principal acuerdo del pacto de paz, la reparación de las víctimas, sigue inconcluso.

El director de la organización para víctimas y familiares Pro-Búsqueda, Eduardo García, aseguró recientemente a Acan-Efe que este punto y la “superación de la impunidad” constituye la más importante “deuda histórica”, porque en el tema de justicia “se ha hecho muy poco”.

El pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña declaró “inconstitucional” la la Ley General de Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar los crímenes ocurridos durante la guerra civil.

Por esta medida se podría dar justicia en casos como los 32 que están plasmados en un Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 de las Naciones Unidas.

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