Douglas Gámez

Ciudad de Guatemala, 21 sep (AGN). – El Ministerio de Economía de Guatemala oficializó hoy la realización de un censo nacional para el recurso humano que presta servicios profesionales en instituciones del Ejecutivo y entidades descentralizadas, con el fin de elevar los niveles de transparencia y evitar actos de corrupción como las denominadas “plazas fantasmas”.

La medida fue establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 180-2016 publicado en el Diario de Centro América (DCA) y faculta al Instituto Nacional de Estadística (INE) para realizar el conteo de servidores técnicos o profesionales en la administración pública.

“El censo tendrá por objeto registrar información general de todas las personas que, dentro o para el Organismo Ejecutivo y las entidades descentralizadas del Estado, trabajen en relación de dependencia”, argumenta el Ministerio de Economía en la publicación.

El censo se realizará bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y para su cumplimiento se conformará la Comisión del Censo Nacional con representación de la Presidencia de la República. Su vigencia y funciones tendrán un periodo de 24 meses.

Está instancia tendrá la responsabilidad de elaborar el normativo de ejecución del censo, aprobar la boleta a utilizar para la recolección de datos y  comunicar avances, entre otros.

Los datos generados serán utilizados para actualizar el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos y Guatenominas.

El financiamiento podrá provenir de cooperación internacional según el Acuerdo Gubernativo.

Las personas que sostengan una relación de dependencia y las instituciones del Ejecutivo y unidades descentralizadas tienen “obligatoriedad” de aportar la información que sea requerida para el censo.

Desde el inicio de su gestión, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales,impulsó la realización del censo de empleados públicos para determinar la situación laboral de los servidores públicos.

Una de las finalidades del mecanismo es fomentar la transparencia y evitar actos de corrupción relacionados a la entrega de plazas únicamente para el cobro de salarios si la prestación de los servicios, lo cual es denominado como “plazas fantasmas”.

Dicha modalidad ha llevado a enfrentar a la justicia guatemalteca a varios diputados y funcionarios en los últimos meses. El expresidente del Congreso, Luis Rabbé, tiene orden de captura.

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