Foto. Josué Peinado/SCSPR

Mildred Morales

Ciudad de Guatemala, 4 sep (AGN).- La independencia e imparcialidad en el sistema de justicia guatemalteco figuran entre las reformas que plantean los diferentes sectores de la sociedad civil tras un extenso proceso de análisis y reflexión sobre la materia desde abril pasado.

Las modificaciones son impulsadas por los presidentes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) con el apoyo del Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros organismos.

Para garantizar la independencia e imparcialidad en el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad (CC), se propone establecer mecanismos de selección de jueces y magistrados de todas las categorías en ambas instituciones, bajo criterios de transparencia, publicidad, objetividad y meritocracia.

También la supresión de las comisiones de postulación como mecanismo de elección de magistrados, institucionalizar la carrera judicial desde la judicatura de paz hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además de que la integración de la CSJ sea con un mayor porcentaje de miembros de la Carrera Judicial.

La sociedad sugiere estabilidad en el cargo para garantizar la independencia judicial, eliminar la edad y privilegiar la experiencia como requisito para ser juez, ampliar el período de la presidencia de la CSJ, y el número de magistrados de CC, entre otras propuestas.

Para el Ministerio Público, las tendencias predominantes fueron la ampliación del período de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y la posibilidad de su reelección, según la extensión del mandato y necesidad de establecer un mecanismo de concurso público por oposición para su elección.

En el tema de asistencia legal gratuita, la mesa Nacional de Diálogo coincidió en la necesidad de regular a nivel constitucional la prestación de este servicio de manera gratuita en todas las materias y ramas del Derecho, con pertinencia cultural y lingüística, así como el desarrollo de los mecanismos para su desarrollo en ley ordinaria.

Acerca del antejuicio se acordó establecer una revisión integral de la figura y su alcance, así como el desarrollo en ley ordinaria de la remoción de obstáculos que impiden la investigación y persecución penal de funcionarios públicos y la reducción de plazos en el trámite.

Y respecto al pluralismo jurídico, las tendencias se dirigieron al reconocimiento a nivel constitucional y consideraron que la reforma es innecesaria por estar integrado este derecho al ordenamiento jurídico nacional, mediante el bloque de constitucionalidad que incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Asimismo, se discutió que a nivel de ley ordinaria es necesaria la aprobación de una normativa de coordinación, no la subordinación entre ambos sistemas y el desarrollo de lo relativo a la competencia territorial, personal y material.

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