Foto. Icefi/Archivo

Mildred Morales

Ciudad de Guatemala, 3 ago (AGN).- El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó una serie de comentarios, observaciones y recomendaciones sobre la iniciativa de Ley de Competencia que presentó recientemente el Ministerio de Economía al Legislativo.

El Icefi reconoció que en términos generales la propuesta intenta seguir los lineamientos definidos por la Conferencia de las Naciones Unidades sobre Comercio y Desarrollo, pero no en su totalidad, según detalla un comunicado de la entidad.

El Instituto presentó al Congreso recomendaciones de mejoras y correcciones para artículos específicos de la iniciativa de ley, tales como definiciones de monopolio y concentración de mercado; y prohibiciones adicionales para la consolidación de la producción de un ramo económico, con el propósito de evitar la competencia entre las empresas.

También cómo tipificar la práctica anticompetitiva, impedir el ingreso de competidores o establecer tarifas de ingreso que hacen imposible el acceso al mercado de los competidores, concertar con proveedores precios que afecten a empresas competidoras y con ello crear condiciones monopólicas, entre otras.

Según determinó el Icefi, la iniciativa de ley permitiría el funcionamiento de modelos de competencia monopolística, evitando concentración excesiva, pero sin regular los monopolios, ni los oligopolios actualmente existentes en el mercado guatemalteco.

Aconsejó, además, que la nueva institucionalidad siga el modelo de las reformas recién aprobadas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en el sentido de que los entes colegiados de dirección tengan funciones estratégicas y punitivas, en tanto que el superintendente tenga funciones de operación e investigación.

Recomendó complementar la iniciativa con la aprobación de una nueva Ley de Defensa del Consumidor que se mejore la definición de precio de competencia y que se fortalezca la vigencia del control fiscal de los precios de transferencia.

Concluyó que la iniciativa de ley debería explicitar que su propósito, tal como lo establece la Constitución Política de la República, debe ser proteger a la persona y a la familia, quienes en general son los consumidores, y alejarse de cualquier protección ilegítima a sectores que han ejercido o ejercen poderes monopólicos o anticompetitivos.

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