Foto. Marvin García/SCSPR

Guatemala, 25 jul (ACAN-EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo hoy que el Ejecutivo ve “con muy buenos ojos” que la empresa holandesa APM Terminals aceptara pagar al Estado una reparación civil de 43,2 millones de dólares por el contrato anómalo firmado por su filial Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El objetivo es siempre “velar por los intereses del país” y que todos los bienes y activos del Estado se puedan usar para beneficio social y económico, detalló Morales al ser preguntado por la prensa después de que la firma holandesa anunciara este lunes que acepta las propuestas realizadas por el interventor judicial de TCQ.

La empresa, que adquirió la filial guatemalteca el pasado 8 de marzo como parte de la compra de la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), se avino así a la propuesta del interventor Alexander Aizenstatd, quien la pasada semana propuso el pago de esa cantidad en concepto de “reparación civil”, la anulación del contrato de usufructo actual y la firma de uno nuevo de concesión.

Este proposición sobre Puerto Quetzal, la mayor terminal marítima del país, debe ser aprobada por el Congreso.

APM Terminals es dueña del 85 por ciento de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Queztal, la mayor portuaria deGuatemala, mientras que el otro 15 por ciento es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), los que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

Este es el eje de una trama de corrupción supuestamente liderada por el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes exigían el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto.

Precisamente Morales, quien recordó que la representatividad de los intereses del Estado en el caso le corresponde a la Procuraduría General de la Nación (PGN), vinculó el respaldo del Gobierno al acuerdo a que no se “perdone la corrupción” y continúe la “persecución criminal” contra los responsables de la trama.

“La lucha contra la corrupción es algo que empezó y no debe parar porque en el momento en el que se detenga nosotros perdemos todo lo alcanzado”, proclamó, y agregó que es imprescindible que se busque una forma legal, a través del Congreso, para que la terminal “pueda funcionar sin quebrantar la ley”: “Eso es lo que le conviene a Guatemala“.

De no cumplirse estos requisitos, Guatemala “no podría aceptar las condiciones”, zanjó.

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