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Asunción, 16 jun (EFE).- La ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, busca adaptar su centro histórico a las personas con discapacidad, que se manifiestan desde hace meses por todo el país en reclamo de mayor atención, explicó hoy a Efe Erland Ovando, coordinador de un plan municipal para rehabilitar este área.

Ovando participó en Asunción del Encuentro Iberoamericano sobre Centros Históricos Inclusivos y Patrimonio Sustentable, que se desarrolla desde el miércoles en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Fundación ACS.

El experto, coordinador del Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Sucre (PRAHS), dijo que la ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991 por la Unesco, cuenta con las dificultades de que ya tiene un tejido urbano y una arquitectura consolidada, además de estar asentada sobre una superficie ondulada, con desniveles, colinas y quebradas.

Pese a ello, las áreas históricas de la capital boliviana se están adaptando para eliminar las barreras arquitectónicas y generar mayores condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad.

Ovando agregó que las personas con capacidades diversas han iniciado un período de “fuerte exigencia” al Estado boliviano, protagonizando marchas, bloqueos y manifestaciones para pedir una mayor atención.

Las autoridades están respondiendo a estas demandas con una mayor inversión de recursos para la mejora de sus condiciones de vida, por ejemplo con la creación de centros de acogida, aseguró.

Además, están tratando de incluir la accesibilidad desde los planes financieros de los proyectos de infraestructura.

Cientos de personas con discapacidad protagonizaron el pasado mes de marzo una marcha de un mes en la que recorrieron en silla de ruedas o ayudados por sus muletas los casi 300 kilómetros que separan la ciudad de Cochabamba de La Paz.

Desde su llegada a La Paz, ese colectivo se encuentra acampado de forma precaria cerca del Palacio de Gobierno, y sus protestas fueron reprimidas varias veces por la Policía con el uso de agentes químicos y cañones de agua.

La oficina en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó estos hechos violentos y expresó su preocupación por la situación en la que viven las personas con discapacidad en el país andino, entre cuyos reclamos se encuentra el de recibir una ayuda estatal mensual equivalente a 72 dólares.

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